El suelo municipal, la autoconstrucción y la propiedad pública sí pueden reproducirse. Mantener cuotas simbólicas exige ayudas, presupuesto y una política sostenida durante años.
Cada vez que cobra protagonismo el problema de la vivienda, Marinaleda vuelve al centro del debate por sus alquileres públicos de entre cero y 24 euros mensuales. El municipio sevillano tiene unas 300 viviendas públicas entre unas 1.000 casas y mantiene su propiedad cuando las adjudica. La pregunta útil no es si otro ayuntamiento puede cobrar 24 euros. ¿Qué tendría que hacer para acercarse a ese modelo sin disponer de cuatro décadas para construirlo?
Suelo público y planeamiento son el primer filtro para copiar Marinaleda
Un municipio andaluz puede promover su propio parque público de vivienda. La Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía atribuye a los ayuntamientos la promoción de viviendas y alojamientos municipales. También les corresponde gestionar el Registro Público Municipal de Demandantes. La misma norma permite movilizar parcelas públicas para vivienda protegida o asequible. Quien busque una vivienda protegida debe pasar normalmente por el registro municipal de VPO.
Ese suelo no puede ser cualquier terreno propiedad del consistorio. Tiene que admitir legalmente el uso residencial y reunir condiciones para edificar. La ficha de autoconstrucción publicada por la Junta exige además disponibilidad del suelo, planeamiento y demanda suficiente inscrita. Ahí aparece una primera diferencia entre municipios. Un ayuntamiento que ya posee parcelas urbanizadas parte con una ventaja enorme frente a otro que tenga que comprar suelo.
La autoconstrucción abarata las viviendas, pero necesita organización y financiación
Marinaleda ha utilizado durante años la aportación de trabajo de los futuros usuarios junto con trabajadores especializados. El Ayuntamiento aporta otros recursos y las viviendas se adjudican una vez construidas. La última promoción de 24 casas también muestra el papel de los programas públicos de empleo. Un expediente municipal identifica su séptima fase como obra ejecutada directamente por el Ayuntamiento dentro del PFEA.
El Programa de Fomento de Empleo Agrario sigue activo en 2026. El SEPE financia los costes salariales y cotizaciones de la mano de obra de los proyectos aprobados. La Junta y las diputaciones complementan esa financiación para materiales. Esto ofrece una vía especialmente interesante para municipios rurales. No significa que cualquier promoción obtenga automáticamente fondos. El proyecto debe entrar en el programa y superar su procedimiento de aprobación.
Cobrar 24 euros no paga las casas y obliga a sostener el sistema con presupuesto público
El alquiler simbólico es la parte más difícil de trasladar. El País sitúa alrededor de 50.000 euros el coste medio de una vivienda de Marinaleda. Tomando esa cifra solo como referencia, 24 viviendas representarían 1,2 millones de euros. Con todas alquiladas a 24 euros, ingresarían un máximo de 6.912 euros anuales. Harían falta unos 174 años para recuperar esa cantidad mediante las rentas, sin contar conservación, seguros o gestión.
Las cuentas municipales permiten ver mejor esa dependencia de capital público. La liquidación de 2024 recogía 747.721,38 euros de crédito definitivo para una fase PFEA de 24 viviendas sociales. De ellos, 274.108,12 euros figuraban como obligaciones reconocidas netas en ese ejercicio. Otro ayuntamiento tendría que sumar recursos propios, PFEA cuando proceda y programas autonómicos o estatales. El Plan Estatal de Vivienda reserva al menos el 40% de su financiación para aumentar la oferta social y asequible.
Mantener la propiedad municipal es la parte más fácil de replicar y una de las más importantes
Marinaleda no basa su sistema en construir VPO barata para venderla después. El Ayuntamiento conserva la propiedad y concede el uso de las viviendas. La Ley andaluza permite precisamente el alquiler y la cesión de uso dentro de los parques públicos municipales. También establece que esas viviendas mantienen su protección mientras continúen siendo de titularidad pública. Incluso permite fijar una renta inferior al máximo legal cuando la Administración responsable lo acuerde. Para conocer el sistema ordinario de adjudicación, puede consultarse esta guía de vivienda pública.
Por eso, otro pueblo andaluz sí podría reproducir buena parte del esquema. Necesitaría suelo edificable disponible, demanda acreditada, financiación plurianual, capacidad técnica y una decisión expresa de conservar el parque público. La cifra de 24 euros no es una tarifa trasladable de un municipio a otro. Depende del coste del suelo, las subvenciones, el trabajo financiado externamente y el dinero aportado durante años. Marinaleda ofrece un modelo jurídicamente reproducible en varias de sus piezas, pero no una fórmula para construir viviendas que se paguen con esos alquileres.
Para más información, se puede consultar el Programa de Autoconstrucción y Autopromoción que publica en su web la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio.
