La Junta de Andalucía sitúa en 53 millones de euros el nuevo modelo y afirma que preservará la continuidad asistencial.
Para una familia con un niño que necesita atención temprana, saber cuándo podrá empezar las terapias y si podrá mantenerlas es una preocupación recurrente. La Junta de Andalucía adelantó el pasado 17 de septiembre un nuevo modelo dotado con 53 millones de euros, que prevé alrededor de 1,7 millones de sesiones al año. El anuncio llega con compromisos sobre el acceso y la continuidad asistencial, aunque los datos disponibles no permiten concluir que hayan desaparecido todas las esperas.
Cómo se accede a la Atención Temprana y quién hace la valoración
El acceso no comienza solicitando directamente una plaza en un Centro de Atención e Intervención Temprana. La Ley 1/2023 establece que el procedimiento puede iniciarlo Pediatría Hospitalaria, Neonatología o Pediatría de Atención Primaria. Después, el menor y su familia son derivados a una Unidad de Seguimiento y Neurodesarrollo, conocida como USN. Allí se valoran sus necesidades, la situación familiar y el entorno antes de decidir si procede la intervención.
En la información oficial de acceso no figura como requisito previo tener reconocido un grado de discapacidad. La Atención Temprana se dirige a menores de cero a seis años con trastornos del desarrollo o riesgo de presentarlos. Son procedimientos distintos. Si una familia necesita acreditar una discapacidad para acceder a otros recursos, puede consultar esta guía sobre el reconocimiento del grado de discapacidad.
Cuánto puede tardar la asignación de un CAIT y qué ocurre si cambia el centro
La ley establece que, tras una decisión favorable, debe asignarse un CAIT en un plazo máximo de 30 días. La intervención debe comenzar como máximo tres meses después de esa decisión. Se da preferencia al centro cercano al domicilio, salvo que la especialización aconseje otro recurso. Si no existe disponibilidad, puede asignarse temporalmente otro centro. La norma contempla además mecanismos excepcionales para menores que lleven más de un mes esperando.
Las solicitudes de cambio de centro se valoran junto a la familia y dependen de la existencia de plazas. La Junta aseguró el 17 de septiembre que también considera la proximidad, la antigüedad de la intervención y la complejidad del diagnóstico. Añadió que determinadas circunstancias permiten mantener al menor en su centro de origen. Frente a esa versión, Teayudo Granada denunció el 14 de septiembre traslados, reducción de sesiones y falta de profesionales y material. Son reclamaciones referidas a Granada y no acreditan la misma situación en toda Andalucía.
Los 53 millones no permiten concluir que hayan desaparecido las esperas
Antonio Sanz situó el presupuesto del nuevo modelo en 53 millones de euros, un 13% más, y anunció alrededor de 1,7 millones de sesiones anuales. También indicó que el precio por sesión pasa de 28 a 30 euros. Según la Junta, más de 200 centros prestan actualmente el servicio. El consejero calificó como puntuales las incidencias detectadas durante la implantación y afirmó que las delegaciones territoriales trabajan para resolverlas.
Los datos oficiales aconsejan diferenciar aumento de recursos y eliminación de esperas. La memoria presupuestaria de 2026 recoge 2.830 menores en lista de espera a 31 de diciembre de 2024 y señala que entonces no había datos sobre el inicio de las intervenciones. Esa cifra es histórica y no debe presentarse como la situación actual de 2026. El Defensor del Pueblo Andaluz abrió además en 2025 una actuación tras recibir quejas en Almería por demoras que, en algunos casos, superaban un año. Desde el sector profesional, APAAT ha trasladado este año a la Consejería preocupación por la presión asistencial, la burocracia, la incertidumbre de algunos CAIT y la salida de profesionales cualificados.
Qué continuidad está prevista cuando terminan las terapias de Atención Temprana
Cumplir la edad límite puede finalizar la prestación en el CAIT, pero la Ley de Atención Temprana no equipara ese momento con el fin de todos los apoyos. La norma establece que deben continuar el seguimiento y las intervenciones necesarias desde sanidad, educación o servicios sociales. También exige coordinación interdisciplinar y un informe de alta. El PIATA 2025-2029 fija como meta que todos los menores dados de alta por edad tengan registrados los recursos disponibles para continuar su atención.
Cuando se produce un cambio de CAIT dentro del sistema andaluz, la ley señala que debe tramitarse como una derivación y no como un alta. Las familias pueden pedir información sobre el plan de continuidad y sobre su centro asignado. Para consultas generales, la Junta remite a los teléfonos 012 y 955 012 012. Quienes necesiten además información económica pueden revisar las ayudas por hijos con discapacidad.
El anuncio del 17 de septiembre está disponible en la información oficial de la Junta.
