El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma el fallo de un juzgado de Huelva al no considerar acreditado el acoso denunciado. La sentencia también destaca que el trabajador no impugnó a tiempo la supuesta modificación de sus condiciones laborales.
Un cambio de funciones, un horario diferente o la pérdida de determinadas responsabilidades pueden convertir el día a día en el trabajo en una situación difícil de sobrellevar. Sin embargo, cuando ese conflicto llega a los tribunales, no basta con manifestar el malestar sufrido. También resulta determinante acreditar lo ocurrido y reclamar por los procedimientos correspondientes. Es lo que refleja una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha rechazado el recurso de un trabajador de Huelva que denunciaba acoso laboral y cuestionaba los cambios introducidos en su puesto de trabajo.
El TSJA no aprecia acoso y considera decisivo que el trabajador tardara más de dos años en reclamar
El origen del conflicto se encuentra en una cooperativa dedicada a los servicios turísticos en el entorno de Doñana. El trabajador, que tenía reconocida una antigüedad desde junio de 2007, había desempeñado funciones comerciales durante varios años. Según su versión, en julio de 2020 dejó de realizar esas tareas y pasó a trabajar con turnos y nuevas responsabilidades, entre ellas labores administrativas, mecánicas y de guía-conductor. Sostenía que los cambios se habían producido sin una comunicación escrita y que pretendían perjudicarle profesionalmente.
La controversia terminó en el Juzgado de lo Social número 3 de Huelva, que desestimó su demanda en marzo de 2024. Posteriormente, la Sala de lo Social del TSJA, con sede en Sevilla, confirmó aquella decisión mediante la sentencia 1775/2026, de 11 de junio, correspondiente al recurso 1889/2024. Los magistrados señalaron que la supuesta modificación sustancial no había quedado acreditada en los hechos probados y que, además, el trabajador no había utilizado el procedimiento específico para impugnarla. Entre los argumentos de la resolución figura que habían transcurrido más de dos años desde los cambios denunciados hasta la presentación de la papeleta de conciliación, circunstancia que la Sala interpretó como una aceptación tácita de la eventual medida.
Cambiar el horario o el salario puede impugnarse, pero existen plazos legales
El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores regula las modificaciones sustanciales de las condiciones laborales. Entre ellas figuran los cambios relevantes de jornada, horario, turnos, sistema de remuneración y determinadas funciones profesionales. La empresa puede adoptar estas medidas cuando existan causas económicas, técnicas, organizativas o productivas acreditadas y respete el procedimiento previsto. En las modificaciones individuales debe comunicar su decisión con al menos 15 días de antelación. Como explica también esta guía sobre cambios sustanciales en el contrato laboral, el trabajador dispone de diferentes opciones cuando considera que la medida le perjudica.
Una de esas opciones es acudir a la jurisdicción social. El artículo 138 de la Ley reguladora de la jurisdicción social establece un plazo de 20 días hábiles para impugnar una modificación sustancial, que comienza con su notificación por escrito. Este último detalle es especialmente importante: cuando no existe comunicación escrita, el plazo de caducidad de 20 días no empieza a computarse, aunque pueden resultar aplicables otros plazos de prescripción. Por tanto, la conclusión del TSJA en este litigio no significa que cualquier modificación informal quede automáticamente aceptada por el mero transcurso de unos días. Cada situación debe examinarse según los hechos acreditados y las acciones ejercitadas.
Un informe psicológico compatible con acoso no bastó para demostrar el hostigamiento denunciado
El trabajador no solo cuestionó sus condiciones laborales. También sostuvo que había sufrido conductas de hostigamiento empresarial que afectaron a su salud. Durante el procedimiento intentó incorporar las conclusiones de un informe pericial psicológico que describía síntomas compatibles con un trastorno adaptativo y relacionaba su situación emocional con el entorno profesional.
Sin embargo, el juzgado de instancia no aceptó sus conclusiones como acreditación de los hechos denunciados, y el TSJA rechazó modificar por ese motivo el relato de hechos probados. La Sala tampoco encontró indicios suficientes de acoso en las conductas atribuidas a la empresa y tuvo en cuenta las circunstancias de reorganización de la actividad durante la pandemia.
La distinción entre un conflicto laboral y el acoso psicológico resulta fundamental. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) describe el acoso psicológico laboral como la exposición reiterada y prolongada a conductas de violencia psicológica en el ámbito profesional. Un desacuerdo sobre las tareas, un conflicto con los responsables o una decisión organizativa discutible no constituyen necesariamente acoso, aunque pueden plantear otros incumplimientos laborales. Esto tampoco significa que denunciar una situación de hostigamiento deje al trabajador sin protección.
De hecho, otra sentencia del TSJA recogida confirmó un despido nulo tras una denuncia por acoso laboral, al apreciar indicios de represalia empresarial, una cuestión jurídicamente distinta de demostrar el propio acoso.
Qué puede hacer un trabajador si la empresa modifica sus condiciones laborales
Cuando una empresa cambia de forma significativa el horario, el salario, los turnos o las funciones, conviene revisar el contrato y el convenio colectivo, solicitar una explicación por escrito y conservar los documentos que permitan conocer qué se ha modificado y desde cuándo. También resulta aconsejable consultar con los representantes de los trabajadores o solicitar asesoramiento jurídico antes de que transcurran los plazos legales. Si además existen posibles conductas de acoso, es importante documentarlas y acudir a los canales de prevención y denuncia correspondientes. Una reclamación por modificación sustancial y una denuncia por vulneración de derechos fundamentales no son procedimientos idénticos ni tienen necesariamente los mismos requisitos.
El Estatuto de los Trabajadores contempla, asimismo, determinadas posibilidades de extinguir el contrato con indemnización cuando se cumplen las condiciones legales. El artículo 50 permite solicitar judicialmente esa extinción, entre otros supuestos, por modificaciones sustanciales efectuadas sin respetar el artículo 41 que menoscaben la dignidad del trabajador. No debe confundirse esta vía con una baja voluntaria ordinaria, una diferencia relevante también para acceder a las prestaciones por desempleo, como explica esta información sobre cuándo puede cobrarse el paro después de dejar un trabajo.
En el caso examinado, el TSJA no reconoció la extinción indemnizada solicitada ni la compensación por vulneración de derechos fundamentales. La resolución demuestra la importancia de distinguir los incumplimientos laborales del acoso y de utilizar los procedimientos correspondientes sin dejar transcurrir los plazos.