El INSS niega la incapacidad a una dependienta y el TSJA le reconoce una pensión del 75 %

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revoca la sentencia que había rechazado la incapacidad permanente de una trabajadora de Sevilla. Sus problemas para permanecer de pie y caminar resultaron decisivos para reconocerle el 75 % de su base reguladora.

Trabajar de dependienta no consiste únicamente en atender a los clientes detrás de un mostrador. También implica pasar buena parte de la jornada de pie, caminar entre estanterías y colocar productos. Para una trabajadora sevillana con importantes problemas en el tendón de Aquiles, estas tareas se habían convertido en una dificultad. Aunque el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la incapacidad permanente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha corregido esa decisión y le ha reconocido el derecho a una pensión.

El TSJA corrige al INSS porque una dependienta debe permanecer de pie hasta el 60 % de su jornada

La Sala de lo Social del TSJA, con sede en Sevilla, ha estimado el recurso de una trabajadora cuya profesión habitual era la de dependienta de mercería. La sentencia 1966/2026, de 25 de junio, revoca la resolución del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, que había rechazado su demanda en septiembre de 2025. El tribunal considera que sus limitaciones físicas son incompatibles con las tareas fundamentales de su profesión.

Para llegar a esta conclusión, los magistrados examinaron la Guía de Valoración Profesional del INSS. Según la clasificación utilizada en la sentencia, el trabajo de dependienta presenta una exigencia media-alta para permanecer de pie y desplazarse, con actividades que pueden ocupar entre el 41 % y el 60 % de la jornada. A ello se suman movimientos relacionados con la colocación de mercancías, la atención al público y determinados esfuerzos físicos.

Una lesión en el tendón de Aquiles y una resonancia fueron determinantes para reconocer la incapacidad

El procedimiento comenzó después de que la trabajadora agotara un prolongado periodo de incapacidad temporal. El INSS rechazó reconocerle una incapacidad permanente mediante una resolución de noviembre de 2023, al entender que sus lesiones no reducían suficientemente su capacidad laboral. La afectada presentó una reclamación administrativa en enero de 2024, que también fue desestimada, y posteriormente acudió a los tribunales.

Entre sus antecedentes médicos figuraba una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles izquierdo, tratada en abril de 2022 y con una evolución desfavorable. Los informes ya advertían de dificultades para permanecer de pie o caminar durante periodos prolongados. Además, una resonancia magnética realizada en marzo de 2024 confirmó un empeoramiento de la lesión y de los cambios asociados a una bursitis retrocalcánea.

El tribunal también tuvo en cuenta que la mujer volvió a figurar de alta en su empresa entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, sin nuevos procesos de incapacidad temporal durante ese periodo. Sin embargo, consideró que esta circunstancia no desvirtuaba las limitaciones acreditadas ni su incompatibilidad con las exigencias habituales del comercio.

La sentencia contrasta con otro caso de una dependienta de El Corte Inglés al que el TSJA denegó la incapacidad permanente. Ambas resoluciones muestran que no basta con padecer una enfermedad o disponer de un informe de falta de aptitud laboral: resulta imprescindible valorar las limitaciones funcionales acreditadas y las tareas de la profesión habitual.

La incapacidad permanente total cualificada permite cobrar el 75 % de la base reguladora

La resolución judicial reconoce a la trabajadora una incapacidad permanente total cualificada derivada de enfermedad común. Este grado supone que no puede desempeñar las tareas fundamentales de su profesión habitual, aunque puede conservar capacidad para realizar otras actividades laborales diferentes.

Según explica la Seguridad Social en su información oficial sobre la incapacidad permanente total, la pensión ordinaria equivale, con carácter general, al 55 % de la base reguladora. No obstante, puede incrementarse en otros 20 puntos porcentuales cuando el beneficiario tiene al menos 55 años y concurren dificultades para encontrar un empleo diferente debido a sus circunstancias personales y laborales.

En este caso, el TSJA considera justificado aplicar el porcentaje del 75 % de la base reguladora. La trabajadora superaba los 55 años y no constaba que hubiera desarrollado durante su vida laboral otra profesión distinta de la de dependienta o vendedora de comercio. Los magistrados valoraron sus dificultades para reciclarse profesionalmente y obtener ingresos mediante otro empleo.

La sentencia obliga al INSS a reconocer y abonar la prestación correspondiente, con la cuantía y los efectos establecidos reglamentariamente. No fija, sin embargo, una cantidad concreta en euros, ya que esta dependerá de la base reguladora aplicable.

Conviene recordar otra diferencia importante: la incapacidad permanente total ordinaria puede ser compatible con un empleo cuyas funciones sean distintas de las que originaron el reconocimiento, mientras que el incremento del 20 % de la modalidad cualificada es incompatible con el trabajo. Esta cuestión ya fue examinada por el TSJA en otra sentencia sobre un mecánico que consiguió cobrar una pensión mientras desempeñaba funciones administrativas.

Qué hacer si el INSS rechaza una incapacidad permanente y el trabajador no puede continuar en su profesión

La sentencia demuestra que una resolución desfavorable del INSS puede ser revisada judicialmente. Cuando se deniega una incapacidad permanente, el trabajador puede presentar una reclamación administrativa previa y, si esta es rechazada, acudir a la jurisdicción social. El procedimiento está sujeto a plazos específicos que deben respetarse para no perder la posibilidad de reclamar.

En Andalucía Informa explicamos cómo reclamar una incapacidad permanente denegada por el INSS y qué plazos deben tenerse en cuenta. En este tipo de procedimientos resulta especialmente relevante aportar documentación médica actualizada que describa las limitaciones funcionales y permita relacionarlas con las exigencias reales de la profesión habitual.

La resolución, identificada con el código ECLI ES:TSJAND:2026:9326, estima el recurso de suplicación de la trabajadora y revoca la decisión judicial anterior. Contra ella cabía recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. La documentación consultada no permite confirmar si se presentó posteriormente.

El caso recuerda que el reconocimiento de una incapacidad permanente no depende únicamente del diagnóstico médico. También resulta decisivo demostrar cómo las limitaciones de salud afectan a las tareas esenciales del trabajo que se venía desempeñando.