El pago es único y se dirige a trabajadoras de la Administración andaluza obligadas a cambiar su residencia para protegerse o recibir asistencia social integral.
Cambiar de domicilio para garantizar la propia seguridad puede implicar afrontar nuevos gastos en muy poco tiempo. Para estos casos, la Junta de Andalucía mantiene durante 2026 una ayuda de pago único de 1.200 euros destinada a empleadas públicas víctimas de violencia de género.
Quién puede cobrar la ayuda de 1.200 euros por cambiar de domicilio
La prestación está reservada a las empleadas públicas que se hayan visto obligadas a cambiar su domicilio o residencia habitual para hacer efectiva su protección. También se contempla cuando el traslado resulta necesario para ejercer su derecho a la asistencia social integral. El protocolo de protección de la Junta incluye dentro de su ámbito a las empleadas públicas de la Administración autonómica y sus entes instrumentales.
No se trata, por tanto, de una ayuda general para cualquier persona que cambie de vivienda ni está vinculada simplemente a los gastos de una mudanza. Las normas consultadas tampoco establecen un límite de renta para acceder a estos 1.200 euros. Es diferente de prestaciones dirigidas a situaciones de vulnerabilidad económica, como la Renta Mínima de Inserción Social, que cuenta con sus propios requisitos económicos y familiares.
Cómo debe acreditarse la situación de violencia de género
El protocolo establece varias formas para acreditar la situación. Puede hacerse mediante una sentencia condenatoria, una orden de protección vigente o una resolución judicial que haya acordado medidas cautelares penales. También se admite un informe del Ministerio Fiscal en los supuestos previstos o un certificado de atención especializada expedido por un organismo público competente.
La Administración debe garantizar además la confidencialidad durante la tramitación y proteger especialmente los datos personales de la afectada y de las personas que se encuentren bajo su tutela, guarda o custodia. Esta protección laboral también aparece en otros procedimientos públicos andaluces. Por ejemplo, la bolsa de empleo del SAS incorporó medidas específicas para profesionales en situaciones de violencia de género, agresiones o acoso.
Los 1.200 euros son incompatibles con esta indemnización por traslado
Existe una limitación importante. Los 1.200 euros no pueden acumularse a las indemnizaciones por traslado forzoso derivadas de una movilidad por violencia de género. El protocolo considera traslado forzoso la movilidad de una empleada pública que tenga que abandonar su puesto o localidad para hacer efectiva su protección.
La resolución de 2026 reserva inicialmente 1 millón de euros de forma conjunta para las ayudas por defunción del personal empleado público y las relacionadas con violencia de género. No significa que ese millón se destine exclusivamente a los pagos de 1.200 euros. El presupuesto global de las modalidades de acción social recogidas en esa resolución alcanza los 3,54 millones de euros.
La resolución de 2026 no fija un plazo específico para esta ayuda
La resolución publicada en mayo confirma expresamente que durante 2026 se atenderán estas solicitudes, pero no incorpora en su texto un plazo independiente ni un modelo específico para esta modalidad. Las instrucciones detalladas que aparecen en su anexo corresponden a la ayuda por defunción del personal empleado público.
Cuando la situación requiera además solicitar movilidad por violencia de género, el protocolo establece que la petición debe dirigirse al órgano o unidad competente en materia de personal. Puede presentarse mediante un registro público y, por las circunstancias especiales del caso, también ante el órgano competente de personal de la consejería, organismo, agencia o entidad donde preste servicio la empleada.
Todos los detalles de esta ayuda están en la disposición oficial publicada en el BOJA núm. 94, de 19 mayo de 2026.
