El empleado llevaba más de 21 años trabajando en un centro de menores de Sevilla. El tribunal considera que su comportamiento fue inapropiado, pero no suficientemente grave para justificar el despido.
Después de más de dos décadas trabajando en el mismo centro, perder el empleo supone un cambio importante. Eso le ocurrió a un monitor de mantenimiento de Sevilla, despedido en junio de 2023 tras protagonizar dos incidentes laborales. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado improcedente su despido mediante la sentencia 573/2026, del 19 de febrero. La empresa deberá elegir entre readmitirlo con los salarios correspondientes o abonarle una indemnización de 43.504,18 euros.
Una camiseta denunciando acoso y una broma en una furgoneta terminaron en despido
El trabajador prestaba servicios como monitor de mantenimiento en un centro de internamiento de menores de Sevilla desde el 1 de diciembre de 2001. Tenía un contrato indefinido y un salario mensual bruto de 1.837,85 euros, incluidas las pagas extraordinarias. El conflicto comenzó el 10 de mayo de 2023, cuando acudió al trabajo con una camiseta que mostraba mensajes denunciando supuesto maltrato psicológico y solicitando ayuda. También llevaba expresiones similares escritas sobre la piel del torso, destinadas, según manifestó, al personal sanitario que realizaba reconocimientos laborales.
Al día siguiente protagonizó otro incidente. Mientras desarrollaba un taller, se escondió entre los muebles que transportaba una furgoneta del centro hacia un punto limpio. Una vez allí, sorprendió a una educadora tocándole la pierna desde su escondite, provocándole un fuerte susto. La empresa consideró que estos comportamientos suponían infracciones muy graves de disciplina, seguridad y confianza. Por ello, acordó su despido disciplinario con efectos del 14 de junio de 2023.
El TSJA considera que los hechos no tenían gravedad suficiente para despedirlo
Inicialmente, el Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla rechazó la demanda del trabajador y consideró justificada la decisión empresarial. Sin embargo, el empleado recurrió y la Sala de lo Social del TSJA llegó a otra conclusión. Los magistrados no negaron los incidentes, pero determinaron que su gravedad no justificaba la máxima sanción laboral. La camiseta fue calificada como una falta leve de consideración y respeto. La conducta relacionada con la furgoneta, aunque inadecuada para un monitor encargado de menores, fue considerada una falta grave, pero no muy grave.
Para resolver el caso, el tribunal examinó el convenio colectivo publicado en el BOE que regulaba la relación laboral. Su régimen disciplinario diferenciaba las infracciones leves, graves y muy graves, reservando el despido para estas últimas. Además, la Sala señaló que las faltas de menor gravedad habían prescrito, por lo que tampoco autorizó una sanción alternativa. Este razonamiento pone de relieve la importancia de justificar adecuadamente las sanciones, como ocurrió en otro despido improcedente analizado por el TSJA, aunque por circunstancias distintas.
El tribunal rechaza que existiera una represalia por denunciar acoso laboral
El trabajador también solicitaba la nulidad del despido porque consideraba que la empresa había actuado como represalia por sus denuncias de acoso psicológico. No obstante, el TSJA rechazó esta pretensión. Según la sentencia, no quedó acreditado que hubiera sufrido acoso laboral ni que el despido tuviera como finalidad castigarlo por reclamar sus derechos. La empresa había iniciado investigaciones internas desde enero de 2021 sobre la situación denunciada, aunque terminaron archivadas sin acreditar los hechos.
Esta diferencia resulta fundamental. Una cosa es que una empresa imponga una sanción excesiva y otra que despida vulnerando derechos fundamentales. En este procedimiento, la Sala apreció la primera situación, pero no la segunda. El resultado contrasta con otra sentencia sobre un despido nulo por represalias, en la que sí se apreciaron indicios suficientes de vulneración de derechos.
La empresa debe elegir entre readmitirlo o pagarle 43.504,18 euros
El fallo estima parcialmente el recurso presentado por el monitor y revoca la sentencia anterior. La empresa dispone de cinco días hábiles desde la notificación para comunicar su decisión. Si opta por readmitirlo, deberá reincorporarlo en las mismas condiciones y pagar los salarios de tramitación, calculados sobre 1.837,85 euros mensuales. La resolución permite descontar las cantidades que hubiera percibido por otro empleo durante el periodo correspondiente. Si elige la indemnización de 43.504,18 euros, la relación laboral quedará extinguida. Si no comunica ninguna elección, se entenderá que opta por la readmisión.
La diferencia entre despido improcedente y despido nulo está regulada en los artículos 55 y 56 del Estatuto de los Trabajadores. En el improcedente, generalmente corresponde a la empresa escoger entre readmisión e indemnización, salvo determinadas excepciones legales. En el nulo, la consecuencia ordinaria es la readmisión obligatoria con los salarios dejados de percibir. También existen supuestos de improcedencia por defectos formales, como refleja otro caso de despido sin carta comunicado a la Seguridad Social.
La resolución analizada es la sentencia 573/2026, de 19 de febrero de 2026, dictada por la Sala de lo Social del TSJA con sede en Sevilla, recurso 684/2024. La documentación consultada no permite confirmar si se presentó un recurso posterior ni cuál de las dos opciones ejerció finalmente la empresa.