El alquiler de una vivienda protegida tiene un precio máximo legal. Los inquilinos pueden comprobar su importe y denunciar posibles sobreprecios ante la Junta de Andalucía.
Pagar el alquiler ya supone un esfuerzo para muchas familias, pero la situación puede ser todavía más preocupante cuando el propietario exige una cantidad superior a la permitida. En Andalucía, las viviendas protegidas tienen precios máximos mientras mantienen su calificación. La legislación declara nulas las cláusulas que superen estos límites y permite investigar posibles irregularidades. Además, la Junta de Andalucía ha reforzado la vigilancia con el Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028, presentado el 4 de noviembre, que incluye expresamente los alquileres con sobreprecio.
El contrato no permite cobrar de más por una VPO aunque el inquilino haya aceptado el precio
El artículo 58 de la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía establece que los alquileres de viviendas protegidas deben respetar los precios máximos autorizados. También prohíbe exigir sobreprecios, primas o cantidades adicionales no permitidas, incluso cuando se intenten justificar mediante mejoras realizadas en el inmueble. Si el contrato fija una renta superior al límite legal, esa cláusula es nula y debe entenderse ajustada al importe máximo aplicable. Esto no supone que desaparezca automáticamente todo el contrato de arrendamiento.
La limitación afecta tanto a viviendas protegidas de promoción pública como privada, siempre que continúen sometidas a su régimen de protección. El nuevo plan autonómico busca detectar posibles incumplimientos, incluidos alquileres irregulares y viviendas utilizadas con fines turísticos. Andalucía Informa ya explicó el alcance de la nueva vigilancia sobre viviendas protegidas, que se extenderá durante el período 2026-2028. No obstante, una sospecha de sobreprecio debe comprobarse con la documentación y las condiciones concretas de cada vivienda.
Cómo comprobar si tu vivienda sigue protegida y cuánto pueden cobrarte de alquiler
Antes de reclamar, resulta fundamental verificar que la vivienda continúa sometida a protección oficial. La calificación definitiva permite conocer el régimen aplicable y su duración. Esta información debe contrastarse con la escritura y el Registro de la Propiedad. Los ayuntamientos son competentes para conceder las calificaciones, mientras que las delegaciones territoriales de Vivienda pueden orientar sobre los expedientes. La Junta explica estas características en su guía oficial de viviendas protegidas. Además, el acceso a estas viviendas está sujeto a requisitos específicos, entre ellos la inscripción en el registro municipal en los supuestos establecidos legalmente.
Una vez confirmada la calificación, hay que determinar el precio máximo correspondiente. Según la información oficial sobre precios de viviendas protegidas, el Plan Vive en Andalucía establece, para las viviendas sujetas a ese régimen, una renta máxima anual ordinaria del 4,5 % del precio de referencia. En alquileres con opción de compra, el porcentaje es del 5 %. El cálculo depende de la superficie útil, la categoría de protección, el municipio y los anexos vinculados. No existe un alquiler máximo único para todas las VPO andaluzas, y las viviendas acogidas a regímenes anteriores pueden tener reglas diferentes.
Por ejemplo, si a una vivienda le corresponde un precio de referencia de 120.000 euros y resulta aplicable el porcentaje del 4,5 %, su alquiler máximo sería de 450 euros mensuales. Este ejemplo es orientativo y no determina el límite de una vivienda concreta sin revisar previamente su expediente.
Dónde denunciar un alquiler de vivienda protegida que supera el precio legal en Andalucía
Si existen indicios de que el propietario cobra una cantidad superior a la autorizada, el inquilino puede comunicar los hechos a la Administración autonómica. Conviene reunir el contrato de arrendamiento, los justificantes bancarios de los pagos, los recibos, los anuncios originales y las comunicaciones mantenidas con el arrendador. También es recomendable solicitar por escrito la identificación del expediente de calificación y una aclaración sobre la renta aplicada. Esta documentación permitirá comparar las cantidades exigidas con el límite correspondiente.
La comunicación puede dirigirse a la Delegación Territorial competente en materia de vivienda de la provincia donde se encuentre el inmueble. La Junta dispone de un directorio oficial de delegaciones territoriales y de la Presentación Electrónica General para registrar escritos cuando no exista un formulario específico. El sistema permite adjuntar documentos, identificar al órgano destinatario y obtener un justificante de presentación. También se puede acudir a las oficinas de asistencia en materia de registros. En el escrito conviene solicitar expresamente la comprobación del precio máximo y la investigación de los posibles cobros irregulares.
La Junta puede imponer multas de hasta 120.000 euros, pero recuperar el dinero exige otra reclamación
La legislación andaluza contempla sanciones económicas cuando se acreditan infracciones relacionadas con viviendas protegidas. Las leves pueden alcanzar los 3.000 euros, las graves oscilan entre 3.001 y 25.000 euros y las muy graves entre 25.001 y 120.000 euros. Exigir una cantidad no permitida que supere en más del 20 % el precio máximo del alquiler está tipificado como infracción muy grave. No obstante, la sanción depende de los hechos acreditados y del correspondiente procedimiento administrativo. La presentación de una denuncia no implica automáticamente que se imponga una multa.
Otra cuestión es recuperar las cantidades que el inquilino haya pagado de más. La nulidad de una cláusula que establece una renta superior al máximo legal ofrece fundamento para reclamar su corrección y solicitar la devolución de los importes indebidamente abonados. Es aconsejable requerir primero al propietario por escrito y conservar la respuesta. Si no existe acuerdo, puede ser necesario acudir a la vía civil, con asesoramiento jurídico sobre los plazos y las cantidades reclamables.
La denuncia administrativa no garantiza por sí sola el reintegro del dinero, ni resulta recomendable dejar de pagar unilateralmente sin valorar las consecuencias legales. Esta reclamación tampoco debe confundirse con los cambios en la fianza del alquiler introducidos en Andalucía durante 2026.
El control de estos arrendamientos adquiere especial importancia con el nuevo Plan de Inspección 2026-2028. Según los datos facilitados por la Junta, el anterior programa de 2024 investigó 28 posibles situaciones de sobreprecio en alquileres protegidos. La Administración pretende reforzar ahora la detección de estas irregularidades para garantizar que las viviendas con protección pública mantengan las condiciones económicas previstas para sus destinatarios. Junta de Andalucía