La responsabilidad patrimonial del SAS permite reclamar una indemnización por determinados daños sanitarios. Para conseguirla, hay que acreditar lo ocurrido, aportar pruebas y cumplir los plazos legales.
Salir de una operación con secuelas, sufrir complicaciones durante un tratamiento o recibir un diagnóstico tardío puede generar dudas sobre la atención recibida. Cuando un paciente considera que ha sufrido un daño atribuible al Servicio Andaluz de Salud (SAS), puede solicitar una indemnización mediante un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Sin embargo, no todos los resultados médicos desfavorables dan derecho a una compensación económica, y demostrar la relación entre la asistencia y el perjuicio resulta fundamental.
Cuándo puedes reclamar una indemnización al SAS por un daño sanitario
La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, reconoce el derecho a ser indemnizado por determinados daños derivados del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Para que prospere una reclamación de responsabilidad patrimonial del SAS, el perjuicio debe ser real, individualizado, económicamente evaluable y estar relacionado con la actuación sanitaria. Además, debe tratarse de un daño que el paciente no tenga el deber jurídico de soportar.
La valoración cambia cuando se trata de asistencia médica. Una complicación conocida, una enfermedad que evoluciona desfavorablemente o una intervención que no consigue el resultado esperado no implican necesariamente responsabilidad administrativa. Debe examinarse si la actuación respetó la lex artis, es decir, los conocimientos y medios médicos exigibles en aquellas circunstancias. Esto también resulta importante cuando existen demoras, aunque no toda espera genera una indemnización. En Andalucía Informa ya explicamos cómo consultar las listas de espera del SAS y reclamar ante las demoras.
Qué documentos necesitas para demostrar el daño sufrido
El artículo 67 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, establece el contenido de estas solicitudes. El paciente debe identificar las lesiones, explicar su relación con el servicio sanitario y señalar cuándo se produjeron. También debe incluir una valoración económica del perjuicio, cuando sea posible, y aportar las pruebas que considere pertinentes.
Entre la documentación que conviene reunir se encuentran:
- Historia clínica, informes de urgencias, altas hospitalarias y resultados de pruebas.
- Consentimientos informados y documentación relacionada con la intervención o tratamiento.
- Informes posteriores que acrediten lesiones, evolución y posibles secuelas.
- Facturas, gastos derivados del daño y otros justificantes económicos.
- Informes periciales médicos, cuando sean necesarios para fundamentar la relación entre la asistencia y el perjuicio.
El SAS reconoce el derecho del paciente a solicitar una copia de su historia clínica. Parte de esa información puede consultarse mediante ClicSalud+ o la aplicación Salud Andalucía. Además, cuando existen dudas sobre determinados diagnósticos graves, puede solicitarse una segunda opinión médica gratuita al SAS. Este derecho es diferente de la reclamación patrimonial y no sustituye las pruebas necesarias para pedir una indemnización.
Cómo presentar la reclamación y cuánto tiempo tienes
La regla general establece un plazo de un año para reclamar desde que se produce el hecho dañoso o se manifiestan sus efectos. En los daños físicos o psicológicos, ese periodo comienza desde la curación o desde que se determina el alcance de las secuelas. Por tanto, la fecha de una operación no siempre coincide con el inicio del plazo, aunque tampoco debe darse por hecho que puede reclamarse indefinidamente.
La solicitud debe dirigirse al órgano competente del SAS e identificar claramente que se reclama por responsabilidad patrimonial sanitaria. Puede presentarse mediante el cauce habilitado para el procedimiento o, cuando corresponda, a través de la Presentación Electrónica General de la Junta de Andalucía. Las personas físicas también pueden utilizar los registros administrativos admitidos legalmente. Es importante conservar el justificante de presentación.
Una vez iniciado el expediente, el SAS debe recabar información sobre la asistencia cuestionada. Una instrucción publicada en el BOJA de noviembre de 2025 regula los informes que deben elaborar los servicios implicados. Estos tienen que examinar las alegaciones, la historia clínica, los tratamientos realizados y la adecuación de la actuación médica.
El plazo general para resolver es de seis meses, sin perjuicio de las suspensiones legalmente previstas. Si transcurre sin una resolución notificada, la petición puede entenderse desestimada por silencio administrativo. Esto no significa que se haya reconocido la indemnización ni elimina la obligación administrativa de resolver.
Una reclamación sanitaria ordinaria no garantiza una indemnización
Conviene distinguir dos procedimientos. El primero es una queja o reclamación asistencial para comunicar problemas de atención, organización, trato o demoras. El SAS dispone de un sistema de reclamaciones y sugerencias, accesible en sus centros y por vía electrónica. Su finalidad principal es atender las incidencias y mejorar el servicio, no reconocer automáticamente compensaciones económicas.
El segundo procedimiento es la reclamación de responsabilidad patrimonial, que busca obtener una indemnización por un daño acreditado. Presentar una queja ordinaria no sustituye esta solicitud ni paraliza por sí solo el plazo para reclamar. Si el SAS rechaza expresamente la indemnización, y la resolución pone fin a la vía administrativa, cabe con carácter general presentar un recurso potestativo de reposición en un mes o acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en dos meses. En los casos de silencio administrativo, deben examinarse las reglas específicas.
La cantidad que podría reconocerse tampoco está fijada de antemano. Depende de la naturaleza del perjuicio, sus consecuencias, la valoración del daño y las pruebas disponibles. Por eso, antes de iniciar el procedimiento, resulta especialmente importante revisar la documentación médica, identificar el origen de las lesiones y comprobar que todavía existe plazo para ejercer el derecho a reclamar.