El nuevo Plan de Inspección de Vivienda Protegida de Andalucía 2026-2028 busca detectar inmuebles vacíos, alquileres irregulares y ventas con sobreprecios. Las infracciones más graves pueden alcanzar multas de 120.000 euros.
Para muchas familias andaluzas, encontrar una vivienda a un precio asequible se ha convertido en una auténtica preocupación. Por eso, que un piso protegido permanezca vacío o termine alquilándose a turistas supone un problema añadido. La Junta de Andalucía ha reforzado la vigilancia sobre las viviendas protegidas con un nuevo Plan de Inspección para 2026-2028. El Consejo de Gobierno tomó conocimiento de esta iniciativa el 4 de noviembre, con el objetivo de controlar precios, ocupación y usos irregulares. La comunidad contabiliza 216.482 viviendas protegidas calificadas definitivamente entre 1996 y 2025. Junta de Andalucía
Las viviendas protegidas no pueden convertirse en pisos turísticos ni alquilarse por encima del precio legal
El nuevo plan concentra la atención en tres situaciones que pueden vulnerar las condiciones de una vivienda protegida: mantenerla desocupada, utilizarla como alojamiento turístico o cobrar cantidades superiores a las autorizadas. También se investigarán compraventas irregulares y operaciones con personas que no cumplan los requisitos legales. La Ley de Vivienda de Andalucía establece que estos inmuebles deben utilizarse como residencia habitual y permanente durante su periodo de protección.
Una de las cuestiones más importantes afecta al precio del alquiler. No existe una renta máxima idéntica para todas las VPO, ya que depende de su régimen y de las condiciones aplicables. La Junta dispone de información sobre los precios máximos de viviendas protegidas. Además, la legislación declara nulas las cláusulas que superen los límites legales. Estas restricciones se explican también en el artículo sobre el Reglamento de Viviendas Protegidas.
El anterior plan investigó 125 situaciones y abrió 69 expedientes sancionadores
La decisión de reforzar las inspecciones responde a los resultados obtenidos en actuaciones anteriores. El Plan de Inspección de 2024 había previsto inicialmente 60 actuaciones, pero acabó examinando 125 situaciones relacionadas con viviendas protegidas. Según los datos oficiales, 82 investigaciones afectaban a posibles usos turísticos, 28 a sobreprecios en alquileres y cinco a arrendamientos a personas jurídicas. De las 125 actuaciones previas, 69 derivaron en la apertura y tramitación de expedientes sancionadores. Esto no significa que todas terminaran con una sanción firme.
Para el periodo 2026-2028, la Junta establecerá prioridades mediante criterios territoriales, sectoriales y cuantitativos. También elaborará informes anuales para evaluar los resultados de las inspecciones. El plan tendrá una duración inicial de dos años desde su aprobación, con posibilidad de ampliarse otro año. Estas actuaciones no deben confundirse con la campaña de inspección de alquileres, que comprueba obligaciones de las inmobiliarias y derechos de los consumidores. En este caso, el objetivo específico es garantizar el uso correcto de las viviendas protegidas.
Las multas por incumplir las normas de las VPO pueden llegar hasta los 120.000 euros
La nueva Ley de Vivienda de Andalucía contempla sanciones económicas para quienes incumplan las obligaciones vinculadas a estos inmuebles. Las infracciones leves pueden castigarse con multas de hasta 3.000 euros. Las graves se sitúan entre 3.001 y 25.000 euros, mientras que las muy graves alcanzan los 120.000 euros. La cuantía depende de la infracción acreditada y de su clasificación legal. El alquiler de una vivienda protegida para uso turístico se considera especialmente grave dentro de la categoría de infracción correspondiente.
La administración también podrá investigar si una vivienda permanece desocupada sin justificación. El artículo 116 permite presumir la falta de habitación cuando supera tres meses consecutivos en las condiciones previstas por la ley. Para comprobarlo, pueden utilizarse datos del padrón y consumos de agua o electricidad, entre otros indicios. No obstante, existen ausencias justificables, por ejemplo, por motivos laborales o enfermedad, que deben acreditarse y comunicarse conforme a la normativa. La apertura de una investigación no supone automáticamente la imposición de una multa.
Qué deben comprobar los propietarios e inquilinos de una vivienda protegida en Andalucía
Los propietarios que quieran vender o alquilar una vivienda protegida deben comprobar primero si continúa sometida a protección oficial. Conviene revisar la escritura, la calificación y el precio máximo aplicable. Las transmisiones y los arrendamientos están sujetos a obligaciones administrativas específicas. La Junta explica estas condiciones en su guía oficial para transmitir o alquilar una vivienda protegida. En cualquier caso, utilizarla como alojamiento turístico está prohibido mientras permanezca protegida, incluso cuando se alquile únicamente una habitación.
Para las familias que desean acceder a una VPO, este plan no supone la apertura de una convocatoria de adjudicación. Los procedimientos de acceso continúan sujetos a sus propias condiciones. Como norma general, es necesario figurar en el registro municipal correspondiente, además de reunir los requisitos económicos y familiares. Andalucía Informa explica cómo inscribirse en el registro municipal. La finalidad de las nuevas inspecciones es evitar que las viviendas existentes pierdan el destino social para el que fueron construidas.
Para conocer otras novedades relacionadas con la vivienda, el alquiler y las gestiones administrativas, puedes consultar la sección de trámites de Andalucía Informa.
