El Instituto Andaluz de la Mujer destina 210.000 euros a financiar asesoramiento, acompañamiento y defensa judicial durante 2026 y 2027. Las afectadas pueden solicitar ayuda sin pagar y sin necesidad de estar afiliadas a un sindicato.
Cobrar menos por ser mujer, sufrir acoso sexual en el trabajo o tener problemas con la empresa por ejercer los derechos de maternidad son situaciones ante las que muchas trabajadoras no saben cómo actuar. En Andalucía existe un servicio de defensa jurídica gratuita para atender estos casos. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha publicado una nueva convocatoria de 210.000 euros para financiar este recurso, que permite recibir orientación especializada y, cuando proceda, defensa ante los tribunales.
Qué trabajadoras pueden acceder a la defensa jurídica gratuita en Andalucía
El Servicio de Defensa Legal de Mujeres (SDLM) está dirigido a mujeres que sufran discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral. Según explica el Instituto Andaluz de la Mujer, su intervención no se limita a los despidos, sino que abarca diferentes situaciones que pueden producirse desde una entrevista de trabajo hasta la finalización de la relación laboral.
Entre los casos que atiende se encuentran las diferencias salariales discriminatorias, los obstáculos para conseguir un ascenso, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y los problemas relacionados con el embarazo, la lactancia o la conciliación familiar. Estas situaciones también pueden terminar en los tribunales, como ocurrió en el caso de una trabajadora que fue despedida tras solicitar medidas de conciliación para cuidar a su hijo y consiguió una indemnización. No obstante, un conflicto sobre horarios o salarios no constituye automáticamente una discriminación por sexo, ya que es necesario examinar las circunstancias de cada caso.
Cómo solicitar el servicio de defensa legal y qué requisitos se deben cumplir
Una de las principales características de este recurso es que la atención es gratuita y no exige pertenecer a ninguna organización sindical. El IAM establece expresamente ambas condiciones para las actuaciones financiadas. Tampoco es necesario que la trabajadora presente una solicitud de subvención, puesto que las ayudas económicas se destinan a las entidades que prestan el asesoramiento y la defensa.
Las interesadas pueden solicitar el servicio llamando al 900 200 999, un teléfono gratuito, confidencial y disponible las 24 horas. También pueden acudir a los centros provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer, presentes en las ocho capitales andaluzas, o a los centros municipales de información a la mujer. Estos canales permiten pedir orientación y acceder al recurso especializado según la situación planteada.
Para facilitar el análisis del problema, es recomendable conservar contratos, nóminas, correos electrónicos, mensajes y cualquier comunicación relacionada con los hechos. También conviene anotar las fechas y explicar qué trato desigual se ha producido. La documentación necesaria dependerá de cada asunto y será el personal especializado quien valore las posibles actuaciones.
La Junta destina 210.000 euros a mantener la defensa jurídica para las mujeres
La convocatoria publicada en el BOJA del 19 de octubre de 2026 contempla una financiación máxima de 210.000 euros, repartidos en 105.000 euros para 2026 y otros 105.000 para 2027. El dinero está destinado a organizaciones sindicales con implantación en toda Andalucía y a entidades sin ánimo de lucro vinculadas y participadas íntegramente por estas organizaciones, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
El plazo de solicitud de las subvenciones es de 15 días naturales desde el 20 de octubre, por lo que finaliza este 3 de noviembre de 2026. Esta fecha afecta exclusivamente a las entidades solicitantes; no supone un plazo límite para que las trabajadoras pidan orientación jurídica. El periodo concreto de ejecución de los proyectos se fijará en las resoluciones de concesión.
El servicio cuenta con antecedentes de actividad. En julio de 2025, la Junta informó de que la convocatoria anterior había registrado 1.772 consultas, que dieron lugar a 423 expedientes, de los cuales el 60 % llegó a judicializarse. Las cuestiones más frecuentes estaban relacionadas con la conciliación, los permisos laborales y los despidos vinculados a la maternidad.
Qué hacer ante un despido discriminatorio o una vulneración de derechos laborales
Además del servicio del IAM, las trabajadoras pueden acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando consideren que una empresa está incumpliendo la normativa laboral o de igualdad. La denuncia formal exige identificar a quien la presenta, aunque su identidad debe mantenerse confidencial frente a la empresa investigada. También existe un buzón para comunicar irregularidades de forma anónima, pero esta comunicación no equivale a una denuncia formal.
Cuando el conflicto termina en despido, resulta especialmente importante actuar con rapidez. El artículo 103 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece, con carácter general, un plazo de 20 días hábiles para impugnarlo. En determinados procedimientos debe intentarse previamente la conciliación ante los centros de mediación, arbitraje y conciliación (CMAC), mientras que otros, como la tutela específica de derechos fundamentales, están exceptuados de ese requisito.
Por ello, solicitar asesoramiento desde el primer momento puede ayudar a identificar la vía adecuada y evitar que transcurran plazos legales. El servicio de defensa jurídica del IAM ofrece precisamente esa posibilidad de recibir orientación y acompañamiento especializado, sin que la falta de afiliación sindical sea un impedimento para pedir ayuda.
