El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía devuelve la incapacidad permanente absoluta a un agricultor de Málaga. La Seguridad Social había extinguido su pensión, pero los jueces concluyen que no se demostró una mejoría suficiente para volver a trabajar.
Perder una pensión de incapacidad permanente puede cambiar de golpe la situación económica de una familia, especialmente cuando los problemas de salud siguen impidiendo trabajar. Eso fue lo que le ocurrió a un agricultor autónomo de Málaga, que llevaba poco más de un año cobrando una incapacidad permanente absoluta cuando la Seguridad Social decidió retirársela. El trabajador acudió a los tribunales y, después de una primera sentencia desfavorable, consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconociera su derecho a mantener la prestación.
El INSS le retiró la pensión sin demostrar que pudiera volver a trabajar
La Sala de lo Social del TSJA con sede en Málaga ha estimado el recurso de un agricultor dedicado al cultivo del olivar al que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había dejado de reconocer cualquier grado de incapacidad permanente. La resolución corresponde a la sentencia 1142/2026, de 22 de junio, dictada en el recurso de suplicación 2207/2025.
El trabajador tenía reconocida una incapacidad permanente absoluta desde el 16 de septiembre de 2022, debido a un trastorno esquizofreniforme y determinados rasgos de personalidad que afectaban a su capacidad laboral. Sin embargo, el 31 de octubre de 2023, después de iniciar una revisión de oficio, el INSS resolvió que ya no se encontraba incapacitado en ningún grado. El afectado presentó una reclamación previa, que fue desestimada, y posteriormente acudió al Juzgado de lo Social número 3 de Málaga, que también rechazó su demanda en julio de 2025.
El TSJA considera decisivo que las limitaciones médicas seguían prácticamente intactas
La situación cambió cuando el asunto llegó al tribunal andaluz. Según recoge la sentencia, los magistrados compararon la documentación médica y concluyeron que las patologías que habían justificado el reconocimiento inicial mantenían una gravedad similar. No encontraron una mejoría suficiente que permitiera considerar recuperada su capacidad laboral.
La Sala destacó que el trabajador continuaba presentando importantes dificultades para realizar actividades que exigieran atención, concentración o memoria, así como para relacionarse con otras personas. Estas limitaciones impedían desarrollar una actividad profesional durante una jornada completa con el rendimiento y la eficacia necesarios. El tribunal señaló que correspondía al INSS acreditar una mejoría capaz de justificar la retirada de la prestación, algo que no quedó demostrado en este procedimiento.
El caso guarda relación con otra sentencia del TSJA que devolvió la incapacidad permanente absoluta a un repartidor. Aunque las circunstancias médicas eran distintas, ambos procedimientos tuvieron como elemento central la valoración de las limitaciones que seguían padeciendo los trabajadores después de una revisión administrativa.
La Seguridad Social puede revisar una incapacidad, pero debe justificar su decisión
La Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 200, permite revisar una incapacidad permanente en las condiciones legalmente establecidas. El propio organismo explica que estas revisiones pueden producirse por agravación, mejoría, error de diagnóstico o realización de trabajos. El resultado puede ser mantener el grado reconocido, modificarlo o extinguir la prestación. Sin embargo, la posibilidad de revisar una pensión no significa que su retirada esté justificada en todos los casos.
Conviene distinguir, además, entre la extinción de una incapacidad por revisión y los supuestos de suspensión temporal de su pago. Son situaciones con causas y consecuencias diferentes, como ya explicó Andalucía Informa al abordar los motivos por los que el INSS puede suspender una pensión de incapacidad permanente.
En el caso del agricultor malagueño, el TSJA ha revocado la sentencia del juzgado y ha dejado sin efecto la resolución del INSS de octubre de 2023. De esta manera, reconoce su derecho a continuar en situación de incapacidad permanente absoluta, con todos los efectos derivados de ese reconocimiento. No obstante, la sentencia contemplaba la posibilidad de presentar un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, por lo que la documentación consultada no permite confirmar su firmeza.
Qué hacer si el INSS retira una incapacidad permanente y no estás conforme
Recibir una resolución que retira o reduce una incapacidad permanente no significa que la decisión sea imposible de recurrir. El artículo 71 de la Ley reguladora de la jurisdicción social establece, con carácter general, un plazo de 30 días hábiles para presentar una reclamación previa ante el organismo correspondiente. Si la reclamación se desestima, o transcurren los 45 días legalmente previstos sin respuesta, se abre la posibilidad de acudir a los tribunales, con un plazo general de 30 días para presentar la demanda.
En estos procedimientos resulta especialmente importante conservar la resolución inicial que reconoció la incapacidad, los informes médicos utilizados entonces y la documentación clínica más reciente. Esta comparación permite comprobar si las limitaciones realmente han cambiado. Para conocer el procedimiento, también puede consultarse la información publicada sobre cómo reclamar cuando el INSS deniega una incapacidad permanente.
La sentencia de Málaga deja una conclusión relevante para otros pensionistas que afrontan una revisión médica. La Seguridad Social dispone de mecanismos legales para comprobar si una persona ha recuperado capacidad para trabajar, pero cuando retira una prestación alegando mejoría, esa recuperación debe quedar suficientemente acreditada. El resultado de cada reclamación dependerá de las circunstancias y las pruebas médicas del caso.