El procedimiento llega tras la nulidad de la licencia de 2003 y se dirige contra Azata del Sol. El derribo aún no es inmediato, porque habrá audiencia, posibles recursos y una resolución administrativa.
El futuro de El Algarrobico vuelve a moverse después de años de bloqueo. La Junta de Andalucía ha dado un nuevo paso para recuperar los terrenos de Carboneras (Almería) donde permanece el polémico hotel, al iniciar el procedimiento para restablecer la legalidad urbanística. El expediente, iniciado el 8 de septiembre, supone un avance respecto a la nulidad de la licencia de 2003. Ahora la actuación autonómica se dirige contra la promotora Azata del Sol y puede acabar con una orden para demoler el inmueble.
Qué cambia ahora con el nuevo expediente de El Algarrobico
Hasta este verano, uno de los principales obstáculos jurídicos seguía siendo la existencia de aquella licencia municipal. Una vez retirada, la Junta de Andalucía ha podido iniciar el expediente previsto para adecuar los terrenos a su situación legal. El informe previo de la Inspección de Ordenación del Territorio establece que la restitución incluye desmantelar servicios e infraestructuras, demoler el hotel y restaurar el suelo protegido.
El paso siguiente afecta directamente a Azata del Sol. El delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora, explicó el 9 de septiembre que el procedimiento se ha iniciado frente a la promotora. La previsión de la Administración es que termine con una orden de demolición y que Azata tenga que redactar el correspondiente proyecto y ejecutar el derribo. El expediente contará, no obstante, con las garantías de audiencia y recurso en vía administrativa y judicial.
La demolición está más cerca, pero todavía no tiene una fecha fijada
La apertura del expediente no significa que las máquinas vayan a entrar de forma inmediata en El Algarrobico. La Ley 7/2021 de Andalucía establece que el procedimiento de restablecimiento debe finalizar mediante una resolución expresa y fija un plazo máximo de un año para notificarla desde su inicio. La misma norma permite ordenar la demolición cuando la actuación no pueda adecuarse a la ordenación territorial.
Si Azata no cumpliera la futura resolución, la legislación contempla mecanismos de ejecución forzosa. La Junta podría imponer multas coercitivas sucesivas y, posteriormente, acudir a la ejecución subsidiaria. Góngora ha señalado que, agotada esa vía, entraría en juego el protocolo firmado en 2011 entre la Administración autonómica y el Gobierno de España. Según el delegado, el Estado asumiría materialmente la demolición y la Junta se encargaría del desescombro y tratamiento de los residuos.
Ese es el principal cambio respecto a la situación de julio. Entonces se eliminó el permiso que bloqueaba esta vía administrativa; ahora ya existe un procedimiento específico para determinar cómo debe recuperarse el terreno. El hotel, una estructura de alrededor de veinte plantas y 411 habitaciones situada en el entorno protegido del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, continúa en pie y seguirá sujeto a posibles actuaciones administrativas y judiciales antes del derribo.
